Concesión del puerto de Paita genera suspicacias

La polémica desatada esta semana por la discusión de un proyecto de ley que afectaba la libertad de expresión fue un señuelo para desviar la atención de los medios sobre la irregular entrega del terminal marítimo.

El Estado sería el primer perjudicado con la firma del contrato de concesión con el consorcio ganador porque lo subsidiaría con 164 millones de dólares.

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Las marchas y contramarchas del oficialismo entorno a la presentación de una iniciativa legal que pretendía perjudicar a los medios de comunicación fueron orquestadas por el Gobierno aprista para que la prensa no le diera cobertura a un acuerdo lesivo para los intereses nacionales.

La concesión del estratégico puerto de Paita debió merecer mayor atención de la prensa de investigación pues las irregularidades son más que evidentes. Sólo el diario 'La República' ha venido denunciando con regularidad a la ciudadanía sobre este importante asunto.

Desde el inicio mismo del proceso se detectaron errores insalvables y garrafales como la exigencia de contar con dos propuestas económicas y técnicas, es decir, con dos postores para competir por el terminal. Situación que no se produjo porque los otros dos candidatos se retiraron del proceso, según el experto en temas portuarios Manuel Dammert.

El Apra, con Alan García a la cabeza, montó una farsa para que los medios se sumaran cándidamente a su comparsa concentrando sus esfuerzos, titulares, páginas y emisiones diarias en atacar un anteproyecto que no tenía pies ni cabeza, ya que casi todos los temas que regulaba estaban contemplados en la legislación vigente sobre la materia.

'La escopeta de dos cañones' del partido de la estrella sirvió para distraernos con una "amenaza" que no iba a ser aprobada en el pleno. El proyecto del congresista José Vargas, vocero de la bancada oficialista, que versaba sobre el derecho a la rectificación fue utilizado con el propósito de tapar un contrato que entrega el puerto piurano a un consorcio que durante los primeros dos años no realizará ningún tipo de inversión o mejora, "pero recibirá totalmente gratis más de 11 millones de soles anuales en ganancias (1)", según el periodista Omar Mariluz de 'La Repùblica'.

Esa, por supuesto, no es la única irregularidad pues el Estado garantizará (2) al concesionario con un monto de "346 millones de dólares durante el período que se aplique el Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG)", en virtud del cual el Perú cubrirá las pérdidas del operador en caso no genere ingresos que van desde los US$ 16 millones en el primer año hasta los US$ 27millones en el decimo quinto año.

Todo estaría bien si sus balances registraran cantidades parecidas, pero el puerto nunca ha generado ingresos ni remotamente similares pues viene facturando 4 millones de dólares por año. Eso quiere decir que el país abonara la millonaria diferencia al Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (3), el vencedor del concurso internacional. Según un estudio de técnico de Fentenapu (Federación de Trabajadores de Enapu), se calcula que el Estado subsidiará al consorcio por US$ 162 millones (4) durante quince años.

Por si fuera poco, Omar Mariluz señala "que el compromiso de compensación del Estado con el socio se realizará sin medir los ingresos totales reales que obtenga el concesionario, ya que solo se evaluará los ingresos de los servicios estándar, sin incluir los ingresos de los servicios especiales o de practicaje y remolcaje con lo que el Estado subsidiaria erróneamente a la empresa concesionaria".

Enrique Vargas, gerente general de Cosmos, una de las integrantes del consorcio ganador, aseveró a El diario 'El Comercio' que la primera etapa de construcción del puerto comenzaría inmediatamente después de la firma del contrato de concesión; pero este consorcio "aún no habría podido garantizar el financiamiento de los US$ 108 millones de inversión adicional que ofreció", según 'La República'. Además no iniciará ninguna mejora sino hasta el tercer año, tal como lo estipula el contrato.

El lunes 24 de agosto se firmará el oprobioso contrato entre Proinversión y el Consorcio TP Euroandinos. Faltando un par de dìas, por màs que demandemos transparencia, ya parece ser muy tarde...

Por César Reyna

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(1)De los cuales solo devolverá al Estado el 2% de las utilidades.

(2) El vergonzoso DS081-2009-EF del 15/8/09, que otorga garantía del Estado a un inversionista insolvente.

(3) El consorcio Terminales Portuarios EuroAndinos presentó una propuesta tarifaria de US$ 120.00 para contenedores de 20 pies, y US$ 151.43 para los contenedores de 40 pies, la mínima tarifa establecida en las bases del proceso. Además ofreció una inversión adicional de US$ 100.8 millones a los US$ 127 millones que deberá invertir durante las tres etapas estipuladas en el contrato de concesión.

(4) El estudio técnico de Fentenapu, en el que se consideró un incremento de 38% de las tarifas portuarias y un crecimiento económico optimista de 5% anual, Paita solo podría facturar durante ese periodo US$ 184 millones.